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¿Puede una Comunidad de Propietarios prohibir el Alquiler Turístico?

Actualmente, y tras la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 7/2019 de Marzo de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, las comunidades de propietarios tienen la posibilidad de llegar a acuerdos que limiten o condicionen el ejercicio de la actividad de alquiler turístico.

Estos acuerdos requieren el voto favorable de las 3/5 partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las 3/5 partes de las cuotas de participación, con independencia de que modifiquen o no el título constitutivo o los estatutos de la comunidad.

Los acuerdos que se tomen en este sentido no pueden tener efectos retroactivos, es decir, no pueden limitar la actividad para quien ya la viniera ejerciendo.

Esta flexibilización de las mayorías necesarias para limitar la actividad de alquiler turístico se aplica desde el 6 de Marzo de 2.019.

Hasta ese momento, este tipo de restricciones suponían una modificación de los estatutos o del título constitutivo que, como tal, requería el apoyo unánime de toda la comunidad (LPH art.17.6).

En la práctica, se plantea la cuestión sobre el alcance de la expresión “limitar o condicionar” que contiene dicha norma.

Un sector doctrinal considera que las juntas de propietarios con una mayoría de 3/5 partes pueden prohibir sin justa causa el alquiler vacacional, mientras que otro sector mayoritario considera que sólo pueden establecer unos límites o condiciones a dicha actividad, pero no ser prohibida.

A falta de un pronunciamiento jurisprudencial al respecto, y tal y como se ha adelantado, la doctrina mayoritaria respalda que la comunidad de propietarios puede establecer diversas limitaciones con la mayoría de 3/5 partes como, por ejemplo, que los ocupantes del inmueble arrendado no puedan permanecer en las zonas comunes (Ejemplo claro en época Covid).

Según esta doctrina mayoritaria solamente se podría prohibir dicha actividad si se alcanza la unanimidad de todos los propietarios, ya que ello supondría modificar las reglas contenidas en el título constitutivo de la propiedad horizontal o en los estatutos.

Con todo, tendremos que esperar para resolver esta controversia a que haya jurisprudencia al respecto.